¿Oportunidad o amenaza?
MSc. Juan Luis Zúñiga
Socio-Director
CATRADE CONSULTING GROUP
Antecedentes. Actualmente se observa una clara tendencia mundial hacia la integración subregional, la cual permite a los países negociar en bloque para obtener mejores condiciones. Una explicación de esa nueva orientación de política comercial tiene su raíz en un proceso de liberalización comercial planetaria que ha provocado una especie de atomización de las regulaciones comerciales, mediante Acuerdos Comerciales Regionales (ACR). A la fecha, han sido notificados a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 446 ACR, de los cuales 259 se encuentran vigentes. Esta alambicada red de normas genera un reto importante en términos de la implementación y administración del comercio, con diversas reglas pactadas entre diversos socios comerciales.
En el continente americano, resaltan importantes acuerdos regionales como el NAFTA (North American Free Trade Agreement) y el CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement), así como algunas iniciativas de integración regional como el Mercado Común Centroamericano (MCCA); el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y la Comunidad del Caribe (CARICOM), así como procesos de convergencia comercial, tales como el nuevo Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y México.
La nueva faceta del regionalismo es la conformación de mega acuerdos comerciales, constituidos por la unión de varios países que tienen en vigencia acuerdos bilaterales, pero que ahora deciden unirse basados en un enfoque pragmático y con objetivos similares, con el fin de crear un megabloque comercial. Justamente, ese es el escenario que da origen al Acuerdo de la Alianza del Pacífico (AP).
Génesis de la AP. Surgió en abril de 2010 como una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, Perú y México, a partir de los acuerdos bilaterales existentes entre sus miembros. En esencia, lo que busca es crear un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, que impulse un mayor crecimiento y competitividad de las economías que la conforman y se constituya en una plataforma de articulación política y de integración regional, con énfasis en la región Asia-Pacífico.
Las negociaciones tardaron alrededor de 3 años y cubrieron los grandes temas relacionados con el comercio, hasta lograr una amalgama de “reglas del juego” que disciplinarán el intercambio futuro de bienes, servicios y personas entre los países del bloque comercial. Entre los asuntos que destacan en el Acuerdo se citan las normas relacionadas con el Comercio de Bienes, Inversiones, Compras del Estado, Movimiento de Personas, Transporte Aéreo, Comercio Electrónico, Promoción Comercial, Cooperación y Solución de Diferencias.
En lo atinente al comercio de bienes, específicamente en materia de acceso a los mercados se acordó una liberalización inmediata del 92% de las mercancías y una liberalización progresiva del universo restante de productos, mediante desgravación arancelaria (26 categorías diferentes), con excepción del azúcar, algunos productos con alto contenido de azúcar (cacao en polvo y mezclas para panadería y repostería), jarabes aromatizados o con adición de colorantes y alcohol etílico; productos que fueron excluidos del programa de desgravación arancelaria.
Los plazos más largos de desgravación le fueron otorgados a México (2033), mientras que los demás países alcanzarán libre comercio para la totalidad de las mercancías sujetas a desgravación en los siguientes años: Chile (2020), Perú (2030) y Colombia (2030).
En lo que concierne a reglas de origen, merece destacar la norma que permite la acumulación de origen entre los 4 países, siempre y cuando el arancel aduanero sea de 0% entre todos ellos. En otros términos, una mercancía que goza de libre comercio en las cuatro economías de la AP podrá ser fabricada con materiales de sus homólogos y estos insumos o materias primas serán considerados como si hubiesen sido fabricados o producidos en su propio territorio.
Estado actual del AP. El AP cuenta en la actualidad con cuatro miembros plenos (países fundadores) y 32 países observadores, entre los que destacan Costa Rica y Panamá, firmes candidatos a incorporarse a ese megabloque comercial.
En el caso particular de Costa Rica, la candidatura se formalizó el 10 de febrero de 2014 durante la VIII Cumbre de la AP, mediante la firma de la Declaración sobre el Inicio del Proceso de Adhesión de Costa Rica. Esa decisión implicó el compromiso costarricense respecto a los principios y valores de la AP, así como el respeto de los requisitos esenciales que se encuentran en el Acuerdo Marco de la AP y la voluntad de promover el mecanismo de integración.
Aguas picadas. Desde ese momento en que Costa Rica formalizó su candidatura, el tema ha generado diversas posiciones en el sector empresarial costarricense. Por un lado, algunos favorecen la iniciativa de adhesión, mientras que otros han señalado que la incorporación estaría sujeta al respeto de los compromisos que el país asumió en los tratados comerciales bilaterales con los países fundadores del AP. Ahora bien, siendo el AP un componente del plan de trabajo del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para el cuatrienio 2014-2016, con toda seguridad, se abrirá un espacio para el análisis, la exposición de ideas y propuestas. Situación que no solo es esperable sino deseable, con el fin de evitar que surjan criterios desinformados o las discusiones plagadas de dogmatismos. No sería sano caer en una especie de “caftización” del AP.
Ciertamente, a diferencia de otros procesos de negociación, en este caso puntual, hasta ahora el sector privado y la opinión pública no han sido informados ampliamente acerca de los alcances e implicaciones que tendría una futura adhesión a la AP.
Las autoridades del Gobierno anterior al percatarse que las aguas estaban picadas y que el tiempo no era su mejor aliado, optaron por retornar a puerto, dejándole a la actual administración, el encargo de emprender ese nuevo viaje hacia la profundización de la plataforma comercial. Menuda tarea, especialmente en un contexto donde una porción importante del sector empresarial ha externado fuertes críticas, al alegar falta de transparencia en el manejo del proceso y al afirmar que no favorecen “reabrir” negociaciones comerciales que en su momento tuvieron una dinámica propia y un balance particular.
Sin embargo, es necesario no sólo preguntarse ¿cuáles son realmente las causas de preocupación de este sector?, sino también si ¿estas preocupaciones superan los potenciales beneficios de participar en la iniciativa?.
Preocupaciones del sector privado. Una de las preocupaciones más importantes del sector se fundamenta en lo establecido en el Artículo 19.8 del Acuerdo Marco de la AP, por el cual se señala que la adhesión de un Estado a la AP implica la aceptación sin reserva alguna del Acuerdo Marco, de sus instrumentos y compromisos. Algunas interrogantes surgen de la lectura de este artículo: ¿implicará que el país posee poco margen de negociación en materia de exclusiones a la liberalización comercial?, ¿ese compromiso tendrá como consecuencia que el país deberá aceptar la liberalización inmediata del 92% del comercio que ya alcanzaron los cuatro miembros fundadores del AP?, ¿se deberá aceptar una fecha de 2033 como el plazo máximo para liberalizar el 100% del comercio con los restantes miembros del grupo?. Todas esas preguntas, aún sin respuesta, representan un reto para Costa Rica, quien actualmente ha liberado bilateral y separadamente su comercio con los países del AP (98% con México, 95% con Chile, 78% con Perú y 71% con Colombia).
A lo anterior se suman las preocupaciones sobre productos excluidos de los actuales acuerdos bilaterales, en donde es muy probable que los países miembros del AP van a demandar su liberalización en un plazo determinado, y la eliminación de la protección vía reglas de origen que la acumulación permitirá, al aceptar el uso de materiales de todos los países del megaacuerdo como si se tratase de productos de origen nacional.
Importancia estratégica. Aunque las preocupaciones apuntadas resultan válidas y deben ser atendidas adecuadamente durante las negociaciones, es necesario señalar que la adhesión a la AP es de gran importancia estratégica para Costa Rica, en el tanto este acuerdo no sólo representa una oportunidad para que el país continúe su proceso de inserción en la economía internacional, sino que también garantizaría un espacio en el bloque de economías más abiertas y dinámicas del continente americano, el cual ocupa la octava posición como potencia económica y como potencia exportadora a nivel global.
Con la AP es previsible un incremento en las posibilidades de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y mejorar los estándares en materia de reglamentación técnica, facilitación del comercio, modernización de los procesos aduaneros, etc. Igualmente, permitiría participar en programas de cooperación en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático; Innovación, Ciencia y Tecnología; Desarrollo Social; Intercambio Estudiantil y Académico y Turismo.
Más aun, es de esperar que los logros que los países fundadores han alcanzado hasta la fecha tengan un impacto positivo en materia de aprovechamiento de los beneficios del libre comercio, a través del desarrollo de estrategias más agresivas y conjuntas de promoción de la inversión y del comercio. Como por ejemplo la apertura de oficinas comerciales conjuntas.
No menos importante es que cada país miembro pleno de la AP tiene el derecho de acumular origen de forma ampliada, con lo cual se fortalece o impulsa la creación de encadenamientos productivos con los demás miembros de la alianza y, a la vez, se reciben los beneficios en el ámbito de la facilitación del movimiento de personas de negocios y del tránsito migratorio.
A lo anterior se suma, que la adhesión de Costa Rica a la AP representa una puerta de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues tanto Chile como México ya son miembros de este órgano y Colombia tiene el estatus de candidato.
Siguientes pasos. Luego de haber repasado algunas preocupaciones y la importancia estratégica de este acuerdo, es fundamental que cada empresa o sector realice su propio análisis en el que se coloquen en la balanza las fortalezas/oportunidades/debilidades/amenazas, tanto sectoriales como nacionales. La decisión no puede ser improvisada, ni egoista. Por el contrario, debe ser realista, fundamentada y estratégica, de manera que puedan vislumbrarse con claridad las oportunidades y retos que se avecinan. Según el COMEX las negociaciones iniciarán en el primer semestre del 2015, sin embargo, a la fecha no se conoce con exactitud cuándo dará inicio del proceso.
En próximos artículos, se analizarán temas específicos que serán objeto de las negociaciones del AP.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de la firma a nivel regional.